En septiembre de 2024, el INRA emitió cuatro resoluciones de desalojo de las tierras del predio Yabaré, por Tres Cruces, a nombre de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), contra las colonias Menonitas Santa Rosa, Belice, Las Piedras y el predio particular San Hilarión.
Sin embargo, este desalojo se paralizó, y según el equipo legal de la casa de estudios, fue debido a los magistrados “autoprorrogados” René Yván Espada Navia, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Petronilo Flores Condori e Isidora Jiménez, a quienes la universidad ya inició juicio de responsabilidades ante el Ministerio Público de la Asamblea Plurinacional (ALP), proceso que actualmente está pendiente de resolver. Pero además, aludió la injerencia de la Embajada de México en Bolivia, que está intercediendo por sus ciudadanos menonitas.
Desde la Uagrm explicaron que los problemas empezaron cuando en julio de 1992, el entonces rector Jerjes Justiniano, y Silverio Márquez como vicerrector, acordaron un contrato de usufructo a favor de las colonias menonitas Las Piedras y Belice, sobre una superficie superior a 7 mil ha, a cambio de que las colonias realicen trabajos, como el mantenimiento de caminos, perforación de pozos y desmonte de 1.200 ha.
De acuerdo a la cronología de la Uagrm, en 2002 y 2003, “de manera abusiva”, las colonias menonitas Belice y Las Piedras iniciaron el saneamiento de estas tierras ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sin notificar a la universidad.
En respuesta, en 2012 el INRA anuló el proceso de saneamiento de la colonia menonita Las Piedras, por existir vicios de fondo insubsanables. Pero la colonia menonita Belice logró sanear a su nombre, mediante resolución suprema de 2009, la misma que fue objeto de impugnación ante el Tribunal Agroambiental en 2014, por parte de la Uagrm, emitiéndose sentencia agroambiental Nº 007/2015 a favor de la universidad.
Sin embargo, esta sentencia se sometió a una acción de Amparo Constitucional realizada por los representante de la colonia Belice, para que luego se emita una nueva sentencia agraria nacional Nº 014/2017, del 13 de enero de 2017 a favor de la universidad, anulando la resolución suprema de la colonia menonita y el saneamiento hasta las pericias de campo.
Asimismo, en 2009, un juez civil otorgó posesión a Ana Delia Hidalgo sobre una superficie de 1.600 ha de Yabaré, generándose un nuevo conflicto de sobreposición.
Nuevas pericias
El 28 de agosto de 2017, mediante Resolución Administrativa Nº 490/ 2017, el INRA determinó realizar las pericias de campo en Yabaré, en San Hilarión, Las Piedras y Belice, disponiendo medidas precautorias de paralización de trabajos, prohibición de innovar, no consideración de transferencias y otras.
Concluidas las pericias de campo del INRA, en diciembre de 2019 se emitió la Resolución Suprema N° 26204, que reconoce el derecho propietario de la Uagrm sobre el predio Yabaré, con una superficie de 18.600 ha, y declarando ilegalidad de posesión de las colonias menonitas Belice, Las Piedras, y una tercera que se formó posteriormente, Santa Rosa, así como también para el predio San Hilarión, de la familia Hidalgo, ordenando su desalojo.
En respuesta, las tres colonias menonitas y San Hilarión impugnaron la resolución suprema, mediantes cuatro procesos contenciosos administrativos planteados ante el Tribunal Agroambiental Plurinacional, que emitió tres sentencias agroambientales plurinacionales (S.A.P. N° 062/2021, S.A.P. S1 N° 035/2022, S.A.P. S2 N° 01/2023) respecto a las colonias menonitas, declarando improbada su impugnación y manteniendo firme la Resolución Suprema N° 26204.
Sin embargo, respecto a la impugnación de San Hilarión, emitió la Sentencia Agroambiental Plurinacional S.A.P. S2 N° 015/2023, que según el equipo legal de la Uagrm, “de manera contradictoria e ilegal” declaró probada su demanda, y dejó sin efecto la Resolución Suprema N° 26204, respecto a ese predio.
Posteriormente, por separado, Belice y Las Piedras plantearon acción de amparo constitucional en 2022 y 2023, el mismo que fue resuelto en 2024, declarando improbada su demanda. Es así que la Uagrm mantuvo firmes las sentencias agroambientales, y por ende ejecutoriada la Resolución Suprema N° 26204, lográndose recuperar toda la superficie “avasallada” por las colonias menonitas.
Respecto a San Hilarión, de Ana Delia Hidalgo Claros, donde el Tribunal Agroambiental anuló la Resolución Suprema N° 26204, la Uagrm interpuso una Acción de Amparo Constitucional en contra de los magistrados Ángela Sánchez y Rufo Vásquez Mercado, que fue admitida y resuelta en diciembre de 2023, concediendo la tutela de las 1.600 ha en favor de la universidad, es decir anulando la agroambiental favorable a Hidalgo, manteniendo firme y subsistente la resolución Suprema No. 26204, que reconoce el derecho propietario de la Uagrm sobre el fundo de Yabaré.
Obstaculización e injerencia
Según Roberto Gutiérrez, asesor legal del Rectorado de la Uagrm, la resolución de amparo constitucional de Belice fue a revisión a Sucre, y “en tiempo récord” llegó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a la sala de los magistrados Isidora Jiménez y Petronilo Flores. “El 5 de julio de 2024 se dictó la sentencia. Digo en tiempo récord porque tenemos en revisión una sentencia del año pasado y hasta ahora ni siquiera la sortean, es del último predio que tenemos de Las Piedras, y el amparo lo hemos ganado nosotros”, denunció.
Gutiérrez agregó que como universidad iniciaron un juicio de responsabilidades tanto a los magistrados René Yván Espada Navia y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, como a Isidora Jiménez y Petronilo Flores Condori.
“En una de las sentencias que ganamos a los menonas, del predio Belice, ellos nos plantearon un amparo en el municipio de Pailón, con la jueza Mary Janeth Peña Mojica, la misma del mercado Mutualista. Ella falló en primera instancia, y lo ratificó Isidora Jiménez, también involucrada en el Mutualista. A la jueza la hemos denunciado penalmente tres veces por prevaricato, dos veces nos han rechazado y ahora está en revisión con el nuevo fiscal Alberto Zeballos”, dijo Gutiérrez.
Asimismo, Gutiérrez dijo que los menonitas plantearon un recurso de queja en Pailón, y que la jueza Peña Mojica sacó un auto, dando a favor del recurso de queja. “Estábamos listos para desalojar con el INRA, que nos mandó las intimaciones, habíamos ganado los cuatro, pero con el recurso de queja nos han parado el proceso de desalojo en un predio. El INRA dijo ‘levantamos competencia’, porque es un recurso de queja pendiente. Es decir que ha vuelto el expediente, son chicanerías”, cuestionó el asesor de la Uagrm. “La jueza de Pailón es conocida, tiene un ramillete de denuncias”, dijo Fernando Vallejos, también del equipo jurídico de la universidad, y agregó que habría que investigar la riqueza que tienen todos estos magistrados.
De San Hilarión, Vallejos observó que el título es de la provincia Ñuflo de Chávez, sobrepuesto a Chiquitos, y que aun así un juez civil lo hizo valer, “y los jueces agroambientales se prestaron a esto, cuando declararon probada su impugnación y anularon la resolución con respecto a San Hilarión, pero no de los otros”, criticó.
Tanto Gutiérrez como Vallejos dijeron que, además del rol de los magistrados del TCP, existe injerencia de parte de la Embajada de México en Bolivia en el tema de los menonas. “Lo contradictorio es que estos menonas están como campesinos y acceden a la tierra en Bolivia bajo esa figura; sin embargo, en su defensa saltó la Embajada Mexicana y pidió una reunión con la Cancillería, dicen que son sus ciudadanos. Es así que el Gobierno empieza a protegerlos y nos paraliza todo tipo de desalojos. Cuando les conviene son bolivianos”, criticó Gutiérrez.
Mostró una carta del 1 de octubre de 2024, de las tres colonias menonitas a la Embajada de México, pidiendo sus buenos oficios. Asimismo, desde la Uagrm facilitaron una copia del oficio de la Embajada Mexicana, enviado a la Cancillería el 4 de octubre, y solicitando “sus buenos oficios para una cita con la autoridad del más alto nivel del INRA que esté a cargo del proceso, y con la urgencia que el caso amerita”.
Ante esta situación, al enterarse de las misivas, el 28 de octubre la universidad envió una carta a la Cancillería, pidiendo “frenar injerencia extranjera en favor de avasalladores”. Según la universidad, la Embajada de México pretende políticamente favorecer a menonitas de su país que se presentan como comunidades campesinas. “Lo cual demuestra el poder económico de estas colonias, para comprar no solo a la justicia, sino también a las organizaciones sociales, para lograr sus personalidades jurídicas, que son recientes, y a sabiendas que no puede otorgarse tierra a extranjeros, tal como corrobora la carta a la Embajada de México”, dejaron por escrito.
Agregaron que San Hilarión, que está en manos de una familia boliviana, está alquilado a menonas, y tiene la casa abandonada, tal como verificó el INRA en una inspección, donde además se detectó el biocidio de un perro que dejaron encerrado hasta morir. “Hicieron una casa solo para el saneamiento, no vive nadie, la alquila a menonas, le hicieron mejoras solo para la inspección, tenemos las fotos, y en esa oportunidad los del INRA dieron fe del abandono de la casa”, dijeron.
Del estado de los predios ocupados por menonas, Gutiérrez y Vallejos explicaron que Las Piedras es la prolongación de una colonia colindante, que en Santa Rosa hay más cultivos que casas, y que las viviendas se concentran en Belice.
EL DEBER pidió una respuesta a la Cancillería. Respondieron que consultarían con asesores de Despacho, y que harían conocer la respuesta.
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